El día 12 de septiembre del 2013, el parlamento aprobó la autógrafa de la denominada Ley de Delitos Informáticos, en un intento de acercarse al denominado Acuerdo de Budapest o Acuerdo de Cibercrimen con el objeto de insertarnos de manera activa en la lucha contra la utilización de las tecnologías de la Información y de las Comunicaciones para cometer delitos.

En materia de Cibercriminalidad, la legislación debe contemplar la realidad y los desarrollos vigentes y no afectarla más, por lo que nuestro país debería adherirse de manera inmediata al Acuerdo de Budapest, así como fortalecer el Sistema de Coordinación de la Administración Pública para Incidentes Informáticos (PeCert) para elevar los niveles de seguridad de la información en el sector público; así como la creación de una entidad de coordinación de políticas y regulación en materia de Sociedad de la Información.

Para Alonso Pérez Luna, Presidente del Comité de la Industria de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la SNI, la omisión de las excepciones relativas a Pruebas de Vulnerabilidad o “Hacking Ético” en el Artículo 10 de las Disposiciones Comunes de la Autógrafa, limitaría la posibilidad de que las empresas cuenten con los elementos necesarios para asegurar que sus sistemas informáticos no sean vulnerables.

Todo diseño de políticas y regulación debe ser realizado en un ambiente multiestamentario, especialmente en temas de Sociedad de la Información, tal como lo mencionan los documentos de la Cumbre Mundial de Sociedad de la Información, en la cual Perú participó, al igual que los documentos de la Plataforma eLAC de estrategia de Sociedad de la Información en América Latina que Perú ha presidido.

Por lo antes expresado solicitamos al Poder Ejecutivo que proceda a observar la autógrafa de Ley de Delitos Informáticos y que permita un diálogo abierto y multiestamentario, enfocado en la adopción y suscripción del Acuerdo de Cibercriminalidad de Budapest, en el marco del desarrollo regional y basado en un irrestricto respeto de los derechos humanos y los principios constitucionales.

Atentamente,
Comité de la Industria de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones