Artículo publicado hoy en el suplemento Economía del diario El Comercio.
Artículo publicado hoy en el suplemento Economía del diario El Comercio.
La disyuntiva entre el sector empresarial y las normativas laborales continúa. Esta vez las microempresas, pequeñas y medianas empresas han manifestado su preocupación por los sobrecostos que afrontarían al implementar las nuevas leyes laborales y pagar las multas que acarrearían su incumplimiento.
Según explicó Liliana Estrada, asesora legal de la Coordinadora Nacional de Gremios Pymes, un grupo de estas empresas ha presentado al Congreso y al Consejo Nacional del Trabajo un pronunciamiento que incluye reparos a las tres principales normas que les preocupan: la ley de seguridad y salud en el trabajo (LSST), la ley de la persona con discapacidad y la que crea la superintendencia de fiscalización laboral (Sunafil).
“La primera implica exámenes médicos y otro tipo de registros, los cuales tendránun costo extra. La segunda norma no se adapta a la realidad, pues algunos negocios no permitirían empleados con discapacidad porque resultaría peligroso. En tanto, las altas multas que incluye la operación de la Sunafil tampoco permitirán a esas empresas sobrevivir en el mercado”, indicó la abogada.
El debate
El principal problema en esta discusión es la falta de consenso de las normas y su poca difusión. Para Edgar Romo, presidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas para la Innovación Textil del Perú, “las mypes no fueron llamadas para exponer su punto de vista. El Gobierno debe ocuparse por brindar las condiciones necesarias para aumentar su productividad y luego exigir este tipo de cosas”.
Según Julio Pardavé, presidente de la Asociación de Micro y Pequeñas Industrias Fuerza San Juan, los empresarios se muestran dispuestos a seguir las normas, pero estas no han sido comunicadas a tiempo y no se ha informado sobre las particularidades de cada una de ellas.
El laboralista Percy Alache afirmó que la implementación debe realizarse progresivamente. Sin embargo, recordó que la LSST cuenta con documentos y registros especialmente simplificados para las mypes, los cuales deberían ser detallados en un futuro reglamento. Mientras que la ley de discapacitados solo se aplica a empresas con más de 50 trabajadores.
El economista Jorge Gonzales Izquierdo dijo que las mypes no tienen ninguna posibilidad de implementar este tipo de leyes dada la situación en la que se encuentran. “Del 100% de las empresas existentes en el país, el 96% son mypes y solo el 4% son medianas y grandes. No obstante, su v ida promedio es de un año. En estas condiciones, cómo podrían incluir en sus planes de crecimiento la implementación de estas leyes”, opinó.
También indicó que las mypes necesitan actualmente tecnología y capacitación. “Mientras no hagan cosas para aumentar la productividad de las mypes, estas solo irán a la informalidad”, concluyó.
