Nota escrita por Miguel Ángel Medina y Natalia Marcos, publicada hoy en el diario El País. Revisa la versión original aquí.
Nota escrita por Miguel Ángel Medina y Natalia Marcos, publicada hoy en el diario El País. Revisa la versión original aquí.
A estas alturas, poca gente duda de la importancia de Twitter en cualquier estrategia integral de comunicación. Empresas, administraciones públicas, asociaciones o famosos de todos los ámbitos recurren a esta red para tener un contacto inmediato y directo con millones de usuarios repartidos por todo el mundo. En España, la cifra ronda los cinco millones y medio. En el mundo supera los 200 millones. Números que han llevado a muchas personalidades a adentrarse en el universo de los mensajes en 140 caracteres para tener un contacto directo con los ciudadanos.
Algunos personajes conocidos han optado por gestionar su perfil de manera directa, mientras que otros, como el presidente Mariano Rajoy o el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, dejan dicha gestión en manos de sus equipos. En uno u otro caso, el principal peligro de esta popular red es cometer un error y que este se vea magnificado de inmediato y a velocidad de vértigo. A ello se suman los insultos y amenazas vertidos desde el anonimato, que han llevado a algunos personajes conocidos a desistir del uso de esta herramienta, o la suplantación de identidad mediante la creación de perfiles falsos.
“Tengo una excelente visión de Twitter”, explica por teléfono la diputada del PSOE Elena Valenciano, “pero he cerrado mi perfil porque empezaron a perseguir a mi hija, entraron en su cuenta de Facebook y le obligaron a cerrarla. También encontraron el perfil de mi hijo pequeño y se dedicaron a acosarlo. Me pareció que habían pasado el límite”.
Valenciano, una de las políticas más activas en la red del pájaro azul, donde contaba con 50.000 seguidores, estuvo meditando qué hacer durante más de un mes, pero al final se decidió a poner fin a su presencia. “Yo puedo aguantarlo todo”, dice la socialista, “a mí me han amenazado, me han insultado, me han llamado feminazi y muchas otras cosas, pero consideré que el hecho de que haya gente que se dedique a atacar a mis hijos era algo que no tenía por qué aguantar. Si este entorno no es capaz de garantizar la seguridad de mis hijos, no quiero estar aquí”, se queja.
A raíz de la decisión de la socialista, tres diputados de la Asamblea de Madrid lanzaron un manifiesto a favor del “respeto” en la red de los 140 caracteres. Isabel Díaz Ayuso (PP,@idiazayuso), José Cepeda (PSOE,@cepeda) y Libertad Martínez (IU,@laliber) expresaron la necesidad de “comprometerse” con la denuncia de las “malas prácticas” y la creación de un entorno político donde “el mejor arma sea la palabra”. En opinión del socialista Cepeda, “el respeto en Twitter ha caído en picado en los últimos años”.
Hay quienes van más allá y piden que se legisle de manera específica para perseguir estos delitos en la red. Según el diputado de IU Alberto Garzón, “esto no serviría para nada”. En su opinión, “no hace falta ningún código ni regular la actividad en Internet. Ya existen suficientes herramientas para controlar y denunciar” a quienes sobrepasan los límites. En su caso, él bloquea a quienes lo insultan constantemente e invita a cualquiera que se considere amenazado a hacer lo mismo.
Algo parecido propone Antonio Cambronero, autor de Manual imprescindible de Twitter (Anaya Multimedia). “Las redes sociales tienen mecanismos suficientemente seguros para defenderte”, cuenta el bloguero. “Si te insultan, puedes desde bloquear a un perfil hasta denunciarlo al centro de gestión de usuarios con el que cuentan las redes sociales”. Él denunció en el centro de ayuda de Twitter la existencia de un perfil que suplantaba el suyo y la propia red social eliminó al intruso en menos de 24 horas. “La empresa tiene un servicio muy eficiente que actúa con celeridad. Lo que ocurre es que hay mucho desconocimiento de estas herramientas”, explica. Una portavoz de Twitter explicó que la empresa no facilita datos de uso de este centro de ayuda.
En el mismo sentido se expresa Loreto Corredoira, profesora de Derecho de la Información de la Universidad Complutense de Madrid: “Es muy fácil que suplanten tu personalidad o te insulten en Twitter, pero también es sencillo denunciar. Hay métodos suficientes para perseguir a quienes insultan y acosan, aunque por supuesto que se pueden mejorar”.
Elena Valenciano no lo ve tan fácil: “He denunciado a los que acosan a mis hijos, pero es un proceso muy lento y muy difícil. La gente cambia constantemente de perfiles y yo tendría que tener muchísimos recursos económicos para poner a un equipo técnico y jurídico a documentar mis denuncias”, critica. “Y puedes bloquear usuarios, pero vuelven a aparecer con otros perfiles”. La diputada piensa que la gente debería estar identificada, al igual que ocurre en las calles, donde si una persona increpa a otra es sencillo denunciarla.
Si los insultos suben de nivel y se convierten en amenazas creíbles, siempre se puede acudir a la policía o a la Guardia Civil. Eso es precisamente lo que hizo la humorista Eva Hache frente a un acosador que le mandaba amenazas de muerte a través de Twitter. La presentadora de El club de la comedia puso en conocimiento de los agentes estas amenazas mencionando las cuentas oficiales en Twitter de estos organismos. El tuitero en cuestión fue detenido por la policía. Los periodistas María Escario y Juanma Castaño también han denunciado ciberacoso. El caso de Castaño terminó con un detenido por las amenazas y otras tres personas imputadas, como proclamó la policía a través de Twitter.
José Rodríguez, inspector jefe de la Brigada de Investigación Tecnológica (BIT), explica que “todo lo que puede ser delito se judicializa, y el juez es el que determina si es delito o no”. Si el juzgado decide que se ha cometido una infracción penal, la policía lleva a cabo una investigación como en cualquier otro caso. “Los personajes conocidos se ponen en el centro de la diana y es normal que se opine sobre ellos. El problema viene cuando pasan del lado profesional al personal o familiar”, añade.
La cuenta @Policia recibe unas 1.000 menciones diarias, y más de 100 de ellas son contestadas en privado por el equipo que está detrás de ese usuario. Carlos Fernández Guerra, responsable de redes sociales de la Policía Nacional, insiste en que hay que distinguir entre los trolls(gamberros internautas) y el delito. “Lo peor que se puede hacer con eltroll es hacerle caso. El consejo que damos en estas situaciones es ignorarle, bloquearlo y, si hay delito, guardar las pruebas y denunciar”. Como explica, los casos de calumnias, injurias y amenazas graves, los problemas más frecuentes en Twitter, afectan mucho más a los personajes conocidos. La policía ofrece asesoramiento a las personalidades que lo solicitan y les recuerda los pasos que deben dar para protegerse. “En el caso de Elena Valenciano, intentamos ponernos en contacto con ella, pero borró su cuenta”, recuerda Fernández, quien también apunta que cada vez es más habitual que tuiteros anónimos adviertan a los famosos de posibles delitos contra ellos en Twitter.
Si las fuerzas de seguridad son las encargadas de investigar los delitos, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) es el organismo competente para investigar —y sancionar— por vía administrativa las vulneraciones de estas leyes protectoras, si se trata de difusión de datos personales sin consentimiento para ello, o de suplantación de personalidad, por ejemplo. Es lo que le ocurrió al español con más seguidores en Twitter (más de ocho millones), el cantante Alejandro Sanz, que en 2010 denunció una suplantación de personalidad. La AEPD ha tramitado casos relacionados con la creación de perfiles falsos, que pueden incluso constituir una infracción por la vía penal.
Valenciano añade otra propuesta al debate: “Tenemos que empezar a pensar en una legislación específica para Twitter, tal como ya se está haciendo en países como Francia. Si no, la red social acabará perdiendo su sentido”. En enero, la justicia francesa ordenó a la red demicroblogging facilitar la identidad de las personas que habían publicado comentarios de corte racista, antisemita o que incitaban al odio. Además, el Gobierno francés ha solicitado a Twitter vigilar lo que circula por su red. Sin embargo, la empresa estadounidense se niega a reconocer esta legislación francesa.
El presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, va un paso más allá y apuesta por utilizar el DNI electrónico para hacer más segura la navegación por Internet. “La legislación actual ya permite perseguir la intromisión del derecho al honor. Pero si además se utilizara el DNI, al igual que ya contamos con la identificación IP, sería casi imposible usurpar la personalidad”, aventura Domingo. En su opinión, este tipo de identificación tendría un efecto derivado que considera “peligroso”, y es que daría más poder a las multinacionales para perseguir lo que consideran infracciones de su derecho de propiedad intelectual.
La profesora Loreto Corredoira no está de acuerdo con que se ponga fin al anonimato: “Obligar a que todo el mundo esté identificado no me parece bien, se perdería derecho a la privacidad y se impediría entrar con seguridad a personas que estén en países donde no hay libertades”, advierte. Antonio Cambronero añade: “Este tipo de iniciativas solo significarían un mayor control de los Gobiernos frente a la libertad en Internet”.
Para Manuela Battaglini, presidenta de la Asociación Española de Responsables de Comunidad y Profesionales Social Media (AERCO-PSM), la mayoría de los políticos no utiliza Twitter de forma correcta: “Hacen campaña de manera constante, hacen reproches a sus contrincantes y se olvidan por completo de los ciudadanos”.
