Vivimos en una etapa de la historia que se le ha denominado “Sociedad de la Información”, por un lado por la capacidad humana de generar desarrollo social y económico en base a la gestión de la información (y del conocimiento), así como por la facilidad para crear, divulgar y compartir información.

Vivimos en una etapa de la historia que se le ha denominado “Sociedad de la Información”, por un lado por la capacidad humana de generar desarrollo social y económico en base a la gestión de la información (y del conocimiento), así como por la facilidad para crear, divulgar y compartir información.

Es en este contexto de desarrollo humano que nuestra democracia se desenvuelve teniendo, para el tema de la información, dos vertientes aparentemente divergentes pero que son dos lados de la misma moneda, una moneda que sirve para la estabilidad democrática en un contexto de irrestricto respeto de desarrollos humanos.

Por un lado tenemos la protección de datos personales, desarrollada como respuesta, entre otras, a fenómenos como el nazismo y toda forma de autoritarismo que utilizando la información de las personas (en especial su información más sensible), con la legislación de protección de datos personales se busca evitar que el estado o cualquier privado (empresa, colectivo o individuos) puedan, utilizando la información de las personas, generar mecanismos de discriminación por color de piel, credo político, opción sexual, filiación religiosa, datos genéticos, entre otros; de igual modo la legislación de datos personales evita las vulneración de libertades y derechos, de personas que hayan podido brindar su información.

Del otro lado tenemos la legislación de acceso a la información pública, creada para transparentizar el Estado, como instrumento de lucha contra la corrupción, para la veeduría ciudadana, para fomentar la democracia basada en la transparencia y no en una cultura de secretismo. Es pues la información que el estado generado con recursos del estado, o administra de sus ciudadanos (en su mecanismo de fuente de acceso público), que debe estar disponible para el equilibrio democrático.

Ambas legislaciones son básicas para la vida moderna, y para la democracia tal como la deseamos y tal como la construimos. Sin embargo hemos visto como utilizando, erradamente, la legislación de datos personales, se ha venido bloqueando legítimos acceso a información que serviría para transparentizar el estado (el congreso ha denegado reiteradamente información de acceso público), o la reciente resolución administrativa de la Autoridad Nacional de Datos Personales, que afecta la republicación de normas emitidas por el Estado que son de libre acceso.

Pero igualmente equivocadas son las posturas de considerar la legislación de datos personales como impedimento de acceso a la información. Los datos personales son de cada persona, su uso debe estar adecuadamente regulado, en un contexto de evitar abusos, ir contra la legislación de datos personales es no entender la privacidad como un derecho humano básico y fundamental, refrentado por Naciones Unidas, en la Asamblea de Diciembre del 2013, mediante su resolución 68/167. El derecho a la privacidad en la era digital.

Es en este contexto que añadimos los temas de #derechoalolvido, con hechos de lesa humanidad como la desaparición de los 43 normalistas en México, o las diversas desapariciones en toda América Latina bajo regímenes dictatoriales y autoritarios, y aún durante tiempos de “democracia”. No se puede utilizar instrumentos creados para proteger como herramientas para ocultar y tergiversar la historia.

Desde hoy miércoles hasta el viernes las autoridades de América Latina en materia de protección de datos se reunirán en México para hablar de estos temas, y no deben olvidar que son el otro lado de la moneda del acceso a la información. Deben existir en cada país entidades responsables de ambos temas, dado que si solo hay de una termina desequilibrándose la estructura.

La legislación de datos personales y de acceso a la información pública se crearon para ser instrumentos de democracia y de respeto de derechos humanos, no fueron diseñadas ni deben ser utilizadas como herramientas de impunidad y menos aún para intentar hacer revisionismo contrarios a nuestro devenir como sociedad. El #DerechoalOlvido no puede existir sin el #DerechoALaVerdad y mucho menos puede ser utilizado para que olvides. #YaMeCanseDeImpunidad

Erick Iriarte
@coyotegris
Socio principal de Iriarte & Asociados (Artículo publicado originalmente en el diario La República)