Nota escrita por Rocío Barja, publicada hoy en el diario Gestión. Revisa la versión original aquí.
Nota escrita por Rocío Barja, publicada hoy en el diario Gestión. Revisa la versión original aquí.
El mar sigue movido. Desde que se publicó el Decreto 005 que reordena la captura de anchoveta, la relación entre el sector pesquero y el Ministerio de la Producción ha entrado en un remolino permanente y peligroso.
El más reciente debate está referido al proyecto de Reglamento del Programa de Vigilancia y Control de la Peca y Desembarque en el ámbito marítimo, que plantea cambios en el actual esquema de fiscalización de este sector, y al cual los empresarios han calificado textualmente como de “intervencionismo estatal”.
Parecer empresarial
Según información exclusiva a la que tuvo acceso Gestión, los empresarios pesqueros acusan a la mencionada iniciativa de implementar un trato discriminatorio contra ellos pues “no existe ningún sector de la economía nacional que sufra de supervisión a través de la presencia de inspectores las 24 horas del día, los 365 días al año”.
“Esto resulta intrusivo para las actividades empresariales que ejercemos”, manifestaron.
Asimismo, pusieron en tela de juicio el trabajo de los inspectores, al señalar que amparados en el principio de Interés Público podrían ampliar injustificadamente sus acciones de vigilancia, lo que representa una amenaza para la libertad empresarial.
“Al ligar la actividad empresarial al concepto de Interés Público, se está permitiendo un velado intervencionismo estatal”, anotaron.
Otros dos cuestionamientos a la mencionada iniciativa legal, por parte del sector privado, es que el uso de cámaras fotográficas y videograbadoras por parte de los inspectores, atentaría contra derechos como a inviolabilidad de las comunicaciones, la libertad de empresa y afectaría el derecho al secreto industrial.
“Además expondría a la competencia la forma de hacer negocios de la empresa, perdiendo competitividad e incluso permitiría la fuga de información que traería como consecuencias delitos contra la propiedad y el patrimonio”, dijeron.
Respuesta ministerial
Frente a todos estos cuestionamientos el director de Políticas y Desarrollo Pesquero, Víctor Parra precisó que el objetivo del proyecto “no es afectar la competitividad de las empresas a través de un nuevo instrumento fiscalizador que si bien no va ser cómodo, no por ello va afectarlos a tal punto que exista algún riesgo de sacarlos del mercado”.
En ese sentido, descartó que el Ministerio de la Producción realice un trato discriminatorio con el sector pesquero. “No existe la mínima posibilidad que el trabajo de los inspectores ponga en riesgo la libertad empresarial y por tanto se dé un caso de intervencionismo estatal”, afirmó el funcionario.
Con las horas contadas
De otro lado, Parra informó que luego que en la víspera se cerrará el plazo para recibir comentarios al proyecto, en los próximos días se absolverán las seis consultas presentadas y para fines de mayo estará listo el informe técnico.
“De allí se lo enviaremos a despacho y el tiempo que tome en ser publicado no sé cual será. No obstante esperamos que la implementación se de en octubre”, anotó.
Gobierno buscan más transparencia en supervisión a industria pesquera
Un capítulo aparte es el debate generado en torno al financiamiento del programa de fiscalización.
Para el sector privado, la denominada “contribución”está errada porque entre otros aspectos debería valorarse las actividades de inspección en función a lo que realmente cuesta, tal como ocurre con los arbitrios.
“Sin embargo, lo que plantea el proyecto es que se sobre la facturación de las empresas, lo cual atenta contra nuestro patrimonio sin justificación”, dijeron.
Al respecto, el director de Políticas y Desarrollo Pesquero, Víctor Parra, indicó que la propuesta recoge lo que ya está sucediendo en otros sectores como el eléctrico. “No estamos yendo más allá de los rangos permitidos”, anotó.
Comentó que actualmente el costo de la fiscalización es un tema “conversado” y pagado de forma directa entre empresas y supervisoras, mientras que al Produce sólo se le informa en caso haya algún evento sospechoso.
“Lo que proponemos es un nuevo esquema, donde Produce sea quien recaude el dinero que viene de la empresa, y luego pague los servicios de la supervisora. Con esto se busca generar mayor transparencia. En pocas palabras, se tendrá que cobrar más a las empresas que su negocio sea más amplio”, explicó.
LAS CLAVES
1. Finalidad. Según la norma presentada los ingresos percibidos por este programa constituyen recursos directamente recaudados del Produce y son destinados para acciones de seguimiento, control y vigilancia; así como la contratación de empresas supervisoras.
2. Ojito, ojito. La norma también señala que las empresas que no paguen su contribución mensual en la fecha correspondiente podría sufrir la caducidad de su permiso de pesca.
3. Las cifras. Durante el 2012 las empresas supervisoras recibieron de las empresas pesqueras pagos por US$24.1 mlls, según información del Produce.
4. Pagarán más. Las plantas de procesamiento pesquero para consumo humano indirecto que su vez sean titulares de permisos de pesca para embarcaciones de mayor escala tendrán la más alta contribución (1.4% de su facturación anual).
