Artículo escrito por Rocío Barja, publicado hoy en el diario Gestión. Revise la versión original aquí.

Artículo escrito por Rocío Barja, publicado hoy en el diario Gestión. Revise la versión original aquí.

Volvió la cordura. Luego que advirtiéramos que el proyecto de Ley Penal contra el Crimen Organizado presentado por el Poder Ejecutivo a finales del año pasado incluía a los delitos tributarios y ambientales en su espectro de acción, lo cual generaba zozobra en el sector privado (Gestión 12.03.13), el panorama actual es otro, y los empresarios ya podrían respirar tranquilos.

Según fuentes del Parlamento nacional, el dictamen de este proyecto aprobado en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, ya no considera a los delitos tributarios como un delito de crimen organizado, mientras que en el caso de los delitos ambientales, lo que se ha hecho es una precisión al texto, por lo cual solo se tienen en cuenta sanciones para la minería ilegal.

¿Mea culpa?

Ahora bien, según fuentes del Ejecutivo, este cambio al proyecto inicial no habría partido de la nada, sino que sería una petición expresa del presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, a la Presidencia del Congreso de la República, luego de leer la preocupación del sector empresarial. Tal solicitud se hizo a través de una carta dirigida a la comisión.

“El premier pidió que el Congreso precise el ámbito de aplicación de la norma en cuanto a los delitos, pues no debiera entenderse en ningún caso como referido a la conducta empresarial sino a los hechos y acciones antijurídicas perpetradas por bandas delincuenciales”, manifestó la fuente. 

En ese sentido, comentó, desde la Presidencia del Consejo de Ministros se habría solicitado que la referencia a los aspectos tributarios o ambientales debería “afinarse” a una redacción que no los contemple, pues “podría generar confusión hacia otros ámbitos”, según la carta enviada.

A votación

En tanto, otras fuentes del Legislativo informaron que luego que termine de redactarse el dictamen del proyecto de ley en la Comisión de Justicia, la intención es que la iniciativa vaya al pleno en los próximos 15 días para su correspondiente debate.

“El Ejecutivo está buscando lograr consensos para que se apruebe esta norma lo más pronto posible”, puntualizó a Gestión.

PARA RECORDAR

Firme posición. Desde un inicio, el actual Gobierno dijo que aplicaría sanciones más drásticas por delitos tributarios a los empresarios.
Sin piedad. En agosto del año pasado el MEF arremetió contra las grandes empresas por eludir impuestos. 

Al alza. Según el titular del MEF, Luis Miguel Castilla, durante su gestión la base tributaria aumentó en 30%.
Mismo saco. En el proyecto original los delitos tributarios se equiparaban en su tratamiento con homicidio, secuestro, etc.

HABLAN LOS INVOLUCRADOS

Hernán Lanzara
Director Institucional
Cámara de Comercio de Lima

Como tiene que ser. Si bien nosotros estamos de acuerdo con fortalecer la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, sobre todo para los delitos de terrorismo, narcotráfico, trata de personas, secuestro y otros delitos graves, creemos que nunca se debió incluir a los delitos tributarios y ambientales en este proyecto, por cuanto estos están sujetos a procedimientos administrativos previos a cargo de la Sunat y del Ministerio del Ambiente, en los que se determina fehacientemente que el administrado ha incurrido en infracción administrativa o en delito sancionable.

Carlos Aranda
Comisión de Asuntos Ambientales de la SNMPE
Están obrando bien. En mi opinión, a las empresas formales no nos pueden considerar al igual que narcotraficantes o delincuentes que no cumplen ninguna norma. Por eso creo que el proyecto inicial no tenía mucho sentido. 
Ahora bien, creo que la decisión de sacar a los delitos tributarios y ambientales de la iniciativa trae un enfoque mucho más positivo para nuestras inversiones. 
Nos sentimos más tranquilos porque ahora se pone el reflector en las actividades que sí están afectando al medio ambiente.

Plantean penalizar a empresas por delitos
Gana Perú, a través del legislador José Urquizo, propone un proyecto de ley que responsabiliza penalmente a las personas jurídicas (empresas) de los delitos cometidos por su cuenta, por sus órganos, representantes o cualquier integrante o persona por delegación de estos.

Para esto la iniciativa legal plantea introducir cambios en el Código Penal, puntualmente en los artículos 27, 104 y 105. 

En su exposición de motivo señala que el objetivo es dar “una solución jurídica para la defensa de la sociedad frente a la criminalidad organizada”.
Refiere que en el Perú la persona jurídica, en cuya cuenta se comete un delito, no puede ser sancionada porque nuestra legislación penal reconoce la incapacidad de los entes colectivos para delinquir, favoreciendo a las personas naturales que en su nombre actúan.

Asimismo, el proyecto de ley indica que el juez “dispondrá” la privación de los beneficios obtenidos por la empresa como consecuencia de la infracción penal cometida (por sus representantes).

Por otro lado, Rosa Mavila, de Acción Popular – Frente Amplio, plantea cambiar el Código Penal para que los delitos de “los grupos poderosos” no sean considerados como un ilícito civil o administrativo por las influencias que estos ejercen.