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Caso de ciudadano bloqueado en Twitter por funcionario público es elevado a la CIDH
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Área de Derecho Constitucional

Última actualización: 02 - 10 - 2019

Perú es denunciado ante el organismo internacional protector de derechos humanos por la violación del derecho a la libertad de información y expresión 
 

Perú es denunciado ante el organismo internacional protector de derechos humanos por la violación del derecho a la libertad de información y expresión 
 
La semana pasada se ha presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una petición contra la República del Perú por la violación del derecho a la libertad de información y expresión, originada por el bloqueo de un ciudadano en Twitter por parte de un alto funcionario de gobierno.  
 
Los hechos del caso se remontan a mayo de 2015, cuando el abogado especializado en derecho digital, Erick Iriarte Ahon, se percató que había sido bloqueado en la red social por el entonces Presidente del Consejo de Ministros de Perú. Aunque el caso fue denunciado ante las autoridades nacionales, jueces no resolvieron a favor de la transparencia.
 
Para Iriarte “si Twitter es utilizado como una herramienta para informar sobre el ejercicio de la función pública, dicha información debe ser accesible bajo la legislación de transparencia y acceso a la información. De lo contrario, se estaría permitiendo ocultar información pública en instrumentos privados”.
 
Pese a los argumentos, el Tribunal Constitucional Peruano determinó que un funcionario público, a pesar de utilizar sus redes sociales para informar para sus labores oficiales, no está obligado a interactuar con quien no desee en su cuenta personal, señalando que ello atentaría contra su derecho a la libertad personal. 
 
La sentencia fue emitida dos meses después que la Corte de Apelaciones de EEUU estableciera que el Presidente Trump no puede bloquear a ciudadanos en Twitter. La Corte Suprema de México emitió un pronunciamiento similar en marzo de este año, ordenando al Fiscal General del Estado de Veracruz a desbloquear a un periodista. 
 
“Es necesario establecer criterios uniformes en la región sobre la materia. Este caso le da la oportunidad a la CIDH de llevar su jurisprudencia sobre el derecho a la libertad de expresión a la era digital”, señaló Dania Coz, abogada del Estudio Iriarte & Asociados a cargo del caso. 
 
Cabe señalar que la petición se encuentra aún en etapa de admisibilidad y se le ha asignado el número de registro preliminar P-2083-19. 
 
El Expediente completo de este caso puede revisarlo aqui: 
 
 
Información de contacto:
Iriarte & Asociados
contacto@iriartelaw.com
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