Informe @ialaw 2016: Políticas y Regulación de Redes Sociales en Entidades Gubernamentales en Perú

Informe  @ialaw 2016: Políticas y Regulación de Redes Sociales en Entidades Gubernamentales en Perú

Este es el Cuarto Informe de  Iriarte & Asociados ( @ialaw) sobre la gestión de Redes Sociales en las Entidades Gubernamentales en Perú. El informe se realiza utilizando el acceso a la información pública de cada entidad y por ende las respuestas son las que oficialmente cada entidad brinda.

Para el presente informe hemos añadido 4 Gobiernos Regionales (Junín, Madre de Dios, Pasco y Piura) y dos entidades constitucional (Contraloría General de la República y Archivo General de la Nación), que se suman a 34 instituciones del Poder Ejecutivo (19 ministerio y 15 organismos reguladores); el Municipio de Lima y a dos (2) instituciones constitucionalmente autónomas (RENIEC y Tribunal Constitucional), sumando 43 entidades gubernamentales.

Las solicitudes fueron presentadas entre los días 4 y 12 de Julio del 2016 y las respuestas se han considerado hasta el día 10 de Octubre del 2016, superando largamente el plazo de la ley, aún en aquellas que habían pedido extensiones; en varios de los casos no ha habido respuesta por parte de las entidades a quienes se les requirió, es decir no han solicitado ni extensión del plazo ni han respondido.

Es pues notable la ausencia de una Autoridad de Transparencia / Acceso a la Información Pública que pueda tener dientes para hacer cumplir la ley y los plazos se cumplan y además no terminen bloqueando acceso a información dentro del Estado.

Se realizaron 5 preguntas (una pregunta mas que el año pasado). Estas preguntas fueron:

  1. ¿Cuáles son sus políticas de gestión y uso de redes sociales digitales para su institución?
  2. ¿Cuáles son los listados de personas que han bloqueado en dichas redes por su institución?
  3. ¿Cuál es su política de publicidad de emails de funcionarios en su institución?
  4. ¿De quién depende en su organización la gestión de redes sociales Digitales?
  5. ¿Con que redes sociales cuenta su institución?

El 30 de Julio lanzamos el Informe Parcial (ver aquí) tras dicho reporte parcial, muchas de las entidades que no habían respondido respondieron rápidamente para no aparecer como que no  responden las solicitudes de la información, varias dieron respuestas bastante completas, otras solo por cumplir.

Resumen Política de Gestión de Redes Sociales

De las 43 solicitudes de acceso a la información, 4 no han sido respondidas (Archivo General de la Nación, Contraloría General de la República, Gobierno Regional de Junín, Gobierno Regional de Madre de Dios) y 2 han sido denegadas (Gobierno Regional de Piura y Ministerio de Economía y Finanzas). Por lo que el presente informe se basa en las 39 respuestas recibidas a la fecha (incluidas las denegadas)

Si bien se han obtenido respuestas de la gran mayorías de las solicitudes, el tener que perseguir a muchas de las entidades para brindar la información, el recibir cuestionamientos de la motivación de las peticiones (aunque precisamente la premisa constitucional es que no se deben de motivar las peticiones de acceso a la información), y la no respuesta de algunas entidades es una clara muestra que el tema de acceso a la información pública aún tiene mucho por avanzar en el Perú. El reto del establecimiento de una entidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Datos Personales resultara clave para acabar con esta cultura de secretismo y de creencia que la información generada con fondos públicas es de propiedad del funcionario o la entidad y no de la ciudadanía.

Hemos de reconocer, frente al informe del año 2015, que la mayoría de las entidades que han respondido han avanzado en temas de transparencia y gestión de redes sociales, tal como se brindará detalle en el presente informe.

A la pregunta de política de gestión de Redes Sociales, sigue sin haber una normativa unificada, pero la presencia en diversas instituciones de Políticas, Directivas y Decálogos, es una clara muestra de tratar de establecer un marco operativo para la gestión de las redes, aún que las mismas no tengan como foco la transparencia de la información sino más bien políticas de divulgación de información (el hecho que ninguna de las entidades responsables de las redes sea la entidad encargada de transparencia de la entidad refleja este enfoque).

Otro fenómeno que se ha podido apreciar es que la entidad responsable ya es de manera mayoritaria la Oficina de Comunicaciones y/o Imagen Institucional; siendo que el tema de las redes sociales ya no es un tema de tecnologías. Cinco instituciones respondieron a la pregunta con el nombre específico de la persona a cargo (Ministerio de Cultura, Ministerio de Producción, Ministerio del Ambiente, SUNAFIL y SUNEDU)

En lo que respecta a políticas de publicidad de emails, la respuesta esperada tiene que ver con la transparencia pública y los contenidos de los emails de funcionarios públicos (tras los #cornejoleaks diversas solicitudes de transparencia de emails fueron solicitadas estando aun muchos casos en la vía judicial por denegatoria). Solo en un algunos casos (Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Transportes y Comunicaciones, Ministerio del Interior, OSITRAN) se indican políticas de privacidad de los emails. En el caso del Poder Judicial se presenta (por vez primera) una política de transparencia (bajo evaluación caso por caso). Hay que destacar el caso del Ministerio de Cultura que indica que los emails se protegen por “Derecho de Autor y Comunicaciones”. También se repite (aunque en menor grado) las respuestas del 2015 de entender que una política de transparencia de emails y de contenidos se refiere a contar con un Directorio Público de Emails de los funcionarios, lo cual  claramente no responder a la pregunta.

En el tema de bloqueados, constatamos que han disminuido los casos de Políticas de No Bloqueo, a solo respuestas de no contar con bloqueados. Solo el caso del Congreso de la República ha revertido una política de bloqueado a una política de No Bloqueo. A la fecha sigue sin ser clara una política o normativa gubernamental sobre la materia. De los casos destacados el Ministerio de Defensa paso de indicar que no tenia bloqueados (en el 2015) a no responder la pregunta (en el 2016). Otro caso es el del Ministerio de Economía que se negó a responder el acceso a la información, cuando en el 2015 ya había respondiendo a las mismas preguntas. El Ministerio de Vivienda paso de no responder a la pregunta (2015), a responderla indicando que tenía bloqueados y dando el listado de los mismos (2016). El Ministerio del Ambiente revertió una política de no bloqueo (2015) a una política de bloqueo (brindo el listado de los mismos). Otro que revierte una política no bloqueados es la Municipalidad de Lima Metropolitano (no brindo la lista de bloqueados). OSIPTEL informó por primer año poseer bloqueados (no indico la lista de los bloqueados). Un caso anecdótico es la del Poder Judicial que responde indicando que si bien tiene una política de bloqueo no tiene bloqueados, sin embargo diversos usuarios (en especial de Twitter) indican que si están bloqueados. SUTRAN y SBS informan que poseen bloqueados y brindaron el listado, en el 2015 SBS informó que no tenía bloqueados.

Finalmente cabe destacar que se añadió una pregunta este año referida a las redes sociales gestionadas por las entidades públicas mostrándose que la totalidad (de las que respondieron) usan Facebook. Twitter y Youtube son las siguientes redes sociales mas utilizadas, seguida de Flicker y Linkedin. Del resto de redes sociales son utilizadas en menor cantidad. Hay que destacar al Ministerio de Cultura y al SUNAFIL como las entidades que mas variedad de redes Sociales utilizan.

En general en la evaluación de los pasados 4 años el resultado es que se ha ido negado información que esta de acceso público, se presenta una falta de diseño de políticas generales de gestión de redes; se han encontrado soluciones desde cada entidad que han pasado de una visión tecnológica hacia una visión de comunicaciones y aprendiendo que las redes sociales son instrumentos para el acceso a información pública y centrar las políticas siempre en el ciudadano.

Parte del reto que tendrá el presente gobierno, más cuando uno de los ejes de su discurso es la transparencia, será lograr que la gestión de redes sociales sea un instrumento de dialogo con la población, que sirva también para las solicitudes de acceso a la información pública, que no se bloquee ciudadanos de recibir información por parte del Estado, que los funcionarios públicos generen sus redes en base a su función pública de manera institucional; y que se logre un diseño armónico del uso de dichas redes. El discurso de transparencia es bueno, la acción por la transparencia es mucho mejor.

Ver mas:

Informe @ialaw 2013 - http://iriartelaw.com/informeialaw
 
 
 
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